NOCIVA PROHIBICIÓN

Publicado: 5 mayo, 2009 en Anarkías
 
Jorge Luis Ortiz Delgado
Analista en Relaciones Internacionales. Docente e investigador. Colaborador permanente de Semanario El Búho de Arequipa.
 

 
A Michael Pelhps, el reciente portento olímpico aparecido en Beijing por las ocho medallas de oro conseguidas, tanto la US Swimming (la Federación Estadounidense de Natación) como su patrocinador, Kelloggs Co., lo han sancionado con dureza por la fotografía que lo mostró fumando marihuana en una fiesta en la Universidad de Columbia. La Federación lo ha suspendido de toda competición, además de haberle suspendido su derecho de beca, y la Kelloggs Co. le ha retirado su patrocinio de forma casi inmediata.
 
Al alcalde de Surquillo, Gustavo Sierra, muchos de los congresistas de la República, no pocos editoriales de diarios capitalinos, algunos Ministros de Estado (entre ellos el Premier), y hasta el mismo Presidente de la República, lo han calificado en declaraciones directas de absurdo, disparatado e irresponsable por la propuesta de que sean las farmacias las que expendan algunas drogas con el fin de desarticular el mercado negro de su comercialización, y para conformar un padrón de drogodependientes que los identifique, como primer paso, para su tratamiento en establecimientos de salud.
 
Mientras estos sucesos capturaban la atención del público, en Río de Janeiro se reunía la Comisión Latinoamericana de Drogas y Democracia (CLDD), la cual lanzaba una sensata declaración que proponía un cambio de paradigma en la política de drogas que, a inobjetables luces, ha devenido ineficaz y perniciosa. No existen indicadores que reflejen una reducción, ni mínima ni considerable, de la producción de drogas, ni menos del consumo. Lo que sí muestran los registros es que en México, por ejemplo, durante el año pasado alrededor de 5300 personas han muerto en manos de gángsteres y esbirros de las mafias traficantes incrementando en más del 117% el número de homicidios respecto del 2007, de acuerdo a la información divulgada por la Procuraduría General de ese país.
 
La farsa de las acusaciones legales contra las drogas no descansa en los datos o ejemplos mostrados por las agencias de antinarcóticos para derrotar cualquier intento de despenalización, aunque es muy conocida la afinidad de sectores conservadores por buscar el caso real, el ejemplo macabro convertido en regla para que se imponga, así, la restricción: El drogadicto asesino retratado en las primeras planas de la prensa truculenta utilizado como argumento y estandarte de toda la información propensa a la condena del consumo. La farsa ocurre cuando un llamado al escándalo en nombre de la moral rige el destino de las políticas antidrogas en América Latina, impulsada por los distintos gobiernos de Estados Unidos, cuya ayuda económica consignada a este fin no iguala las grandes ganancias que provee el tráfico ilícito de drogas.
 
Pero la verdadera decadencia moral, diría Savater, comienza en cuanto alguien supone que ser moral es poseer un conjunto de reglas para juzgar las conductas, preferentemente la de los demás. Cuando al prodigioso nadador lo condenaron por esa fotografía delatando una debilidad inexcusable, el imperativo moral de la sociedad –convertido en instrumento político y penal– exigía señalar a Pelhps como un lastre social, y nada puede ser más oscuro que un ejemplo venido a menos, caído en desgracia, ajeno al otrora sello del triunfo. Por eso, ni el colosal orgullo de las ocho medallas de oro conseguidas por este eximio deportista podrá competir con el espíritu con que están hechos todos los decretos, leyes y reglamentos que restringen la libertad de un hombre para inventarse a sí mismo permaneciendo en lo tradicional o acudiendo a lo insólito de sus necesidades.
 
Las dimensiones de la demanda por las drogas además de comprobar la esterilidad de la política prohibicionista, pretendiendo con su inflexibilidad espantar a los potenciales consumidores, les genera a todos los Estados castigadores serias dificultades presupuestales, lo que ha llevado a algunos países como el Perú a implantar leyes que permitan a los extranjeros encarcelados (en su mayoría procesados por tráfico de drogas) cumplir su pena en sus países de origen, tratando de aliviar, en cierto modo, los problemas de la sobrepoblación en los penales. La Drug Policy Alliance, en Estados Unidos, ha estimado que cerca de 1.5 millones de personas son arrestadas por violar leyes relacionadas a las drogas y que el 40% de éstas ingresan a prisión sólo por tenencia de marihuana (vid. Andrea Domínguez, Expresidentes proponen despenalizar la marihuana (http://www.drogasydemocracia.org/blog/archives/211). No es difícil imaginar el enorme sobrecosto que genera el sistema penitenciario norteamericano por esta causa.
 
Ahora bien, aunque la propuesta del alcalde Sierra –la de permitir que sean las farmacias las que expendan marihuana y conformar padrones de drogodependientes– haya lindado con lo descabellado por quienes persiguen un plan de reducción de producción, tráfico ilícito y consumo a través del prohibicionismo, ésta concuerda, en efecto, con la declaración de la CLDD, presidida, entre otros, por el ex presidente de Brasil, Fernando Henrique Cardoso, quien demandó despenalizar el porte de la dosis personal de marihuana y enviar a los usuarios de droga al médico en vez de a la cárcel. Es decir, tratar el consumo de las drogas como un tema de salud pública sin criminalizarlo, atendiendo estrategias de información para prevenir (no castigar) casos posibles de adicción.
 
Resulta irritante distinguir en el extenso y enredado campo de opiniones adscritas a la condena del consumo a burócratas, agentes de gobierno encargados de asumir la utópica lucha contra un fenómeno que concibe su propio crecimiento en la fuerza que le otorga la prohibición; funcionarios algunos, y otros no, apegados al guión del rechazo puritano para justificar las cárceles atestadas de burriers, comercializadores y consumidores hablando de los riesgos destemplados que significan las drogas en la juventud y, vamos, en el espíritu individual y nacional, como sentenció hace poco Martha Meier, una encrespada periodista en El Comercio (vid. en el mismo diario su artículo del 7 de febrero de 2009, titulado La marihuana que no queremos).
 
Lo dijo Octavio Paz en un soberbio conjunto de ensayos llamado Corriente Alterna, habría que reconocer la competencia para escuchar a los que realmente tienen algo que decir en el caso de las drogas: los hombres de ciencia y los poetas. O quizá a miles del millón de personas en el Perú que, según CEDRO (http://www.andina.com.pe/espanol/Noticia.aspx?id=YF6TN6Z8yH0=), ha probado marihuana alguna vez y, aunque los testimonios puedan diferir en cuanto a la diversidad de las individualidades y su constitución, alegan fundamentos, nada minoritarios, sobre un consumo que ofrece sensaciones antípodas a la del alcohol, como la introspección, el fino despertar de la sensibilidad, un mayor rendimiento psíquico y el aligeramiento de la realidad; razones que regularmente no forman parte de lo políticamente correcto en condiciones policíacas. Estas búsquedas constantes de beneplácito como las que ofrecen algunas drogas como la marihuana conforman una demanda inextinguible en un mercado y una cultura que les ha abierto las puertas y las ventanas. Lo juicioso es presentarnos, primero, ante el huésped y conocerlo antes de pretender expulsarlo con terquedades legales sabiendo que, igual, se quedará.
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