15 PUNTOS SOBRE LA REVOCATORIA

Publicado: 6 diciembre, 2012 en Zoon Politikon
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Por:
Baldo Kresalja
Ex Ministro de Justicia
El autor desentraña de manera amplia, minuciosa y con mucha lucidez, todos los aspectos que rodean a la revocatoria, dialogando en su texto, con distintos analistas políticos.

(Foto: La República)

El pedido de revocatoria a la alcaldesa de Lima Susana Villarán y a sus regidores ha sido aprobado por el Jurado Nacional de Elecciones, quien ha convocado a consulta electoral para el 17 de marzo de 2013. Este hecho, ampliamente difundido, ha dado lugar a intensas polémicas que motivan los siguientes comentarios, con referencia a recientes columnas periodísticas.

1. La democracia directa

La democracia es actualmente la fórmula universal de legitimación. Ella es posible sólo si existen individuos capaces de abstraerse del particularismo y de asumir la imparcialidad, colocándose en el lugar de los demás. La democracia se sustenta sobre las columnas de los valores de la libertad y la igualdad, y el poder se encuentra en el pueblo, quien elige o revoca a sus representantes.

La democracia que conocemos y practicamos es generalmente la representativa, propia de sociedades que reúnen a millones de individuos, que no pueden reunirse en asambleas cotidianamente y que, por tanto, eligen representantes para gobernar, hacer las leyes y administrar justicia.

Se entiende por democracia directa los diversos procedimientos de participación de los ciudadanos en el proceso político sin intermediación, buscando que expresen su voluntad con mayor frecuencia y, por lo tanto, tengan mayores oportunidades de ejercer un control político sobre sus representantes también elegidos. Sus defensores consideran que con estas formas directas de participación se profundiza el valor de la democracia y se logra que el ciudadano se sienta parte del sistema democrático, y que ello contribuye, además, a superar el elitismo y la desinformación política.

Las formas o sistemas más usuales son el referéndum, la iniciativa popular en la formación de las leyes, la demanda de rendición de cuentas, la revocatoria y remoción de autoridades. El referéndum y la iniciativa popular son las que tienen mayor presencia legislativa. La revocatoria no es muy común, aunque en algunos estados de los EE.UU. se usa con frecuencia. La revocatoria en el Perú sólo es aplicable a las autoridades municipales y al presidente regional, así como a los magistrados que provengan de elección popular. En la actualidad son muchas las Constituciones que contemplan alguna forma de democracia directa, preferentemente el referéndum.

La revocatoria, conocida también como recall, confiere al cuerpo electoral, dice Víctor García Toma (Análisis Sistemático de la Constitución Peruana de 1993, Tomo I, pág. 205), la facultad de dar término al ejercicio del poder antes de vencerse el período normal de duración que la Constitución o la ley asignan a favor del portador del órgano.

Si bien quienes la promueven consideran que su ejercicio perfecciona la democracia representativa, no hay que olvidar que se caracteriza por sus elevados costos internos y que para que contribuya al afianzamiento democrático debe de estar precedida de una amplia deliberación sobre la materia a decidir, aspecto este último hasta la fecha ausente en el proceso de revocatoria a Villarán, al tener ésta poca posibilidad de exponer sus logros, tanto por razones económicas como por el ataque despiadado, desde el inicio de su mandato, que con débiles argumentos han pregonado numerosos medios escritos, radiales y televisivos, representantes de intereses contrarios al cambio y sin cariño a su ciudad.

Son defectos o debilidades de los sistemas de democracia directa su uso frecuente por parte de dictaduras y por gobiernos populistas que aprovechando una determinada coyuntura, los que con argumentos emotivos y poco racionales, buscan que los electores se pronuncien en la forma que ellos promueven. Pero, sin duda, en algunas ocasiones su uso puede ser legítimo y conveniente, como cuando, por ejemplo, se busca definir un determinado punto concreto de interés general que ha venido siendo ampliamente discutido y comentado. Se trata de ocasiones excepcionales. Su ejercicio es común en comunidades pequeñas, cultural y económicamente uniformes, donde los asuntos a decidir son ampliamente conocidos por los electores.

2. La Constitución peruana, el debate en el CCD y la Ley Orgánica de Elecciones

La Constitución peruana reconoce que toda persona tiene derecho a participar en la vida política de la nación y que tiene, conforme a ley, los derechos de elección, de remoción o revocación de autoridades, de iniciativa legislativa y de referéndum (Art. 2.17). El debate en el Congreso Constituyente Democrático (CCD) fue ampliamente favorable a este artículo que la mayoría fujimorista, a través de su principal vocero, Carlos Torres y Torres Lara, calificó como la más importante de sus propuestas de modificación constitucional. Fue apoyado por el Movimiento Democrático de Izquierda (MDI), Renovación, el Frente Independiente Moralizador, y otros más. La representante del Partido Popular Cristiano, Lourdes Flores Nano, se opuso a la propuesta, que fue finalmente aprobada por 47 votos a favor y 8 en contra, y sustentó con firmeza los peligros que podía traer el uso de la revocatoria para debilitar el sistema democrático en el Perú. Recientemente, con coherencia que la honra, lo ha ratificado.

El Jurado Nacional de Elecciones fiscaliza la legalidad del ejercicio del sufragio, así como la realización de los procesos electorales, del referéndum y de otras consultas populares (Art. 178). En la Ley Orgánica de Elecciones Nº 26859, el término elecciones es aplicable a los procesos de referéndum y a otros tipos de consulta popular (Art. 3). Dentro de los tipos de elecciones se reconoce al referéndum y a la revocatoria de autoridades (Art. 6). Cada referéndum y cada revocatoria se realiza mediante voto directo, secreto y obligatorio (Art. 26), los que pueden ser de cobertura nacional o limitados a determinadas circunscripciones electorales (Art. 27). El elector vota marcando “apruebo” o “sí” cuando está a favor de la propuesta hecha, o “desapruebo” o “no” si está en contra (Art. 28).

3. Ley de los derechos de participación y control ciudadanos Nº 26300

Dentro de los derechos de control ciudadanos se encuentra la revocatoria de autoridades (Art. 3), que es el derecho que tiene la ciudadanía para destituir de sus cargos, entre otros, a los alcaldes y regidores (Art. 20). Ese derecho no procede durante el primero y último año del mandato, y la solicitud de revocatoria debe ser fundamentada, pero no requiere ser probada (Art. 21).

La consulta se lleva adelante si el 25% de los electores de una localidad, con un máximo de 400,000 firmas, presenta la solicitud de revocación ante la Oficina de Procesos Electorales correspondiente (Art. 22), y es procedente con la votación aprobatoria de la mitad más uno de los electores; en caso contrario, se mantiene la autoridad en su cargo sin posibilidad de que se admita una nueva petición (Art. 23). Si se revocase a más de un tercio de los miembros del Concejo Municipal, se convoca a nuevas elecciones y, mientras no se elija a los reemplazantes en el cargo, asumen las funciones los accesitarios (Art. 25). Quien hubiera sido revocado del cargo está apto para ser candidato al mismo cargo en las siguientes elecciones (Art. 29). Para que proceda la revocatoria deberán haber asistido, por lo menos, el 50% de los electores hábiles del padrón.

Finalmente, de acuerdo a la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, Art. 122, el mandato de los alcaldes y regidores es irrenunciable, pero sí revocable de acuerdo a las normas antes citadas.

4. Cielo y tierra

La Constitución, dice Carlos Mesía (La Primera, 4.11.2012), es una forma jurídica que responde al mundo de las ideas y en ella todo es perfecto, posible y digno de encomio. Instituciones como la revocatoria y el referéndum aparecen en sus formas puras e idealizadas. Afirma que nadie desde el mundo de las ideas podría estar en contra de la revocatoria, que tiene como objeto establecer entre los electores y los elegidos una línea directa de control, que tiene su fundamento en el principio republicano de la responsabilidad en el ejercicio de la función. Son ventajas de la misma separar de su cargo a quien ya no es merecedor de confianza, limitando los abusos en el ejercicio del poder. Agrega Mesía que la Constitución no puede transformar el mundo ni crearlo, y que sólo propone, es programa, no realidad. Y que en el mundo donde tiene predominio la política, las instituciones establecidas en la Constitución pueden ser contraproducentes y hasta perjudiciales para el bien común. Así, se puede estar a favor de la revocatoria como institución constitucional y a la vez en contra de la revocatoria de Susana Villarán.

Desde otra perspectiva, la decisión del JNE ha puesto en evidencia la naturaleza burocrática y nociva de los mecanismos normativos que rigen al sistema electoral, afirma F. Cooper (La República, 10.11.2012), desnaturalizando las virtudes y ventajas del sistema democrático. Señala que si bien la resolución del JNE probablemente se ha sustentado en fundamentos procesales y legales válidos, otorga al derecho de disidencia un rol discrecional que desvirtúa su propia consistencia “al estar dotado de una legislación que permite que uno de los aspectos fundamentales para el mantenimiento de su vigencia cívica –como es el de una estabilidad emanada de un veredicto público arduamente recabado- pueda verse mortalmente afectada por el manejo demagógico de recursos de impugnación superficiales”. Y, por cierto, esa deformación proviene tanto de los candidatos como de los electores, habituados –dice Cooper- a otorgarle a aspectos rituales de su funcionamiento una importancia que prevalece sobre sus fundamentos, olvidando factores clave para conducir a una sociedad hacia el bien común y posibilitando que su administración no recaiga en manos de los más competentes. La ausencia de propuestas seriamente formuladas y un régimen electoral impropio dan como lugar escenarios cívicos moralmente desacreditados que terminan generando en los ciudadanos un escepticismo incrédulo y desinteresado respecto al accionar de sus instituciones.

5. Derechos y no obligaciones

Durante los últimos años, frente a la grave inestabilidad política y el incumplimiento de las propuestas electorales por los gobiernos, ha tenido éxito, en algunas facultades universitarias y medios de comunicación, el antiguo reclamo histórico que propone la necesidad de reconocer derechos a los ciudadanos en forma muy extendida, pero usualmente poco analizada en sus consecuencias. A las múltiples propuestas programáticas en la Constitución de 1979, y, por ejemplo, los numerosos convenios laborales celebrados por el gobierno del Perú con la OIT, muchos de ellos de imposible cumplimiento o concreción, se han sumado otros derechos reconocidos constitucionalmente, como los sistemas de democracia directa, referéndum o revocatoria, creyendo quizá que esa relación directa entre el poder y el pueblo es un primer paso para sustituir a la democracia representativa, ferozmente cuestionada en nuestro país por la falta de legitimidad y de preparación de un amplio número de congresistas, presidentes regionales, alcaldes y regidores.

No puede afirmarse que esas propuestas hayan sido fruto de la mala voluntad, pero sí que no han tenido la prudencia elemental de analizar la realidad sociológica, cultural y geográfica del país. Y en esa carencia, han dejado de estudiar cuándo y por qué un sistema político y representativo es eficaz y respetado por la mayoría de la población. Ello ha venido acompañado de una campaña que ha incidido mucho en los derechos conquistados, pero no en las obligaciones ciudadanas, en un contexto en el que el individualismo exacerbado promovido por el mercado ha oscurecido los consensos relacionados a los asuntos públicos.

La lectura de los artículos pertinentes de la Ley de Derechos de Participación y Control Ciudadano Nº 26300 hace ver con toda claridad que no existe una indispensable reglamentación para que puedan llevarse adelante, correcta y eficazmente, tanto los derechos de participación ciudadana, la iniciativa en la formación de leyes, como los derechos de control ciudadano, revocatoria y remoción de autoridades. La normativa es genérica. Para ella y para los miembros del JNE parece igual un sistema aplicado en una pequeña ciudad de 2,000 habitantes o a una metrópoli como Lima, estando la única diferencia en el cumplimiento del requisito del número de las firmas presentes en la solicitud. De esa manera, el sistema ideado no cumple con las finalidades para el que fue creado y distorsiona gravemente sus propios objetivos.

6. La práctica

Durante los últimos años se han producido en el Perú numerosos procesos de revocatoria en el ámbito municipal. En la web del JNE aparecen más de 20 páginas con los nombres de las autoridades que han estado sujetas a revocatoria durante el 2012, de las cuales un porcentaje menor ha sido exitoso. No cabe duda que la institución de la revocatoria ha tenido amplia acogida, pero no creemos que ello haya contribuido a fortalecer nuestro sistema democrático.

Se ha especulado sobre las causas de ello, y la opinión mayoritaria pone de manifiesto que se trata usualmente de venganzas locales contra las autoridades elegidas con un bajo porcentaje de preferencia, consecuencia de nuestra Ley Electoral en la materia. Desde esta perspectiva, los procesos de revocatoria han obedecido en buena medida a propósitos subalternos y mezquinos. La Ley Electoral y las revocatorias han contribuido de esa manera a desacreditar el sistema democrático y no a afianzarlo. Fernando Tuesta, en su artículo “Lo que deja la revocatoria” (La República, 4.10.12) pone como ejemplo lo ocurrido en algunos pequeños distritos que han sufrido continuos procesos revocatorios, lo que ha dado lugar a un continuo desgobierno. El domingo 30 de setiembre se llegaron a revocar 70 alcaldes distritales y uno provincial, habiendo sido en general los procesos de revocatoria de ámbito distrital. Tuesta considera que “la revocatoria ha sido utilizada, en gran medida, por razones políticas, polarizando a extremos la vida pública con una clara incidencia en la gestión pública local que no son percibidos en Lima”. Las continuas revocatorias han dado lugar inclusive a prácticas ilegales vinculadas al número de electores, y afirma que nuestro marco legal atenta contra la voluntad popular en muchos casos, por lo que recomienda no sólo verla como un popular mecanismo de democracia directa, sino también evaluar sus aspectos negativos que no producen una mejora de la calidad de la democracia, que es lo que tanto se invoca para promocionarla.[1]

Como lo señala Pedro Ortiz Bisso en su artículo publicado en El Comercio del 15.11.12, referido al caso de Lima, “no es ocioso insistir en que la revocatoria constituye un instrumento de control peligroso en un país de instituciones precarias y autoridades de cartón como el Perú. Genera inestabilidad política y administrativa, y es una seductora arma de venganza política. Sin embargo, si la ley ampara su existencia, no queda más que respetar su aplicación. En tal sentido, es una lástima que un proceso que pudo ser la expresión legítima de un sector decepcionado con la gestión de Fuerza Social se haya transformado en una turbia sumatoria de historias retorcidas y sospechosas, algunas lindantes con la comedia, que provocan arcadas por el hedor que despiden.”

Ha sido reiterado por estudiosos de diversas tendencias que en el Perú se impone una reforma política electoral para superar la confusión frecuente entre la legitimidad de origen, que nace de elecciones, con la legitimidad de desempeño, que se libra en el cargo. Ello ha sido puesto recientemente otra vez de manifiesto por Fernando Tuesta en “Los cuidados de una reforma electoral” (La República, 12.07.2012). Ha insistido en la importancia de que el sistema electoral aporte a una reforma política que tenga como objetivo una mejora de la calidad de la democracia y ha recordado que no todo elemento del sistema que es popular, es necesariamente el mejor; y que es preciso estudiar los sistemas electorales en el contexto social-histórico de cada país, pues no existe un sistema perfecto, sino que éste debe ser producto de un proceso histórico de construcción. Creemos que la situación política actual no va a favorecer dicho cambio, que resulta indispensable, y tal como lo hemos dicho antes, no consideramos que el diseño actual de la revocatoria en el Perú favorezca a la consolidación del sistema democrático.

La decisión del JNE ha puesto en evidencia la naturaleza burocrática y nociva de los mecanismos normativos que rigen al sistema electoral, desnaturalizando las virtudes y ventajas del sistema democrático. Si bien la resolución del JNE probablemente se ha sustentado en fundamentos procesales y legales válidos, otorga al derecho de disidencia un rol discrecional que desvirtúa su propia consistencia.

 7. La solicitud de revocatoria a Susana Villarán

Recojo de firmas para la revocatoria (Foto: Diario16)

La solicitud de revocatoria que fue presentada ante el JNE adoleció al inicio del número exigido de firmas válidas para su aprobación. En oportunidades posteriores se presentaron más firmas hasta que la solicitud fue aprobada, después de un grave error administrativo del RENIEC, que dio lugar a un proceso que terminó con la Resolución Nº 987-2012 del JNE, que dio por válidas las firmas presentadas fuera del plazo de ley. Existen abundantes pruebas de que el proceso de recolección de firmas adoleció de seriedad, que un importante número fue falsificado y que inclusive se pagó o se regaló bienes para obtener las firmas. Esta realidad no fue tomada en cuenta por el JNE al momento de resolver el recurso presentado por la Municipalidad Metropolitana contrario a la admisión del pedido de los revocadores.[2]

La actuación del RENIEC y del Jurado Nacional de Elecciones ha dejado mucho que desear, sobre todo de éste último[3], aunque su Presidente, el Dr. Hugo Sivina, ha defendido con énfasis las decisiones del JNE en nombre de la legalidad e independencia (Entrevista en El Comercio, 19.11.2012). La Resolución Nº 987-2012-JNE que puso fin al proceso, declaró infundado el recurso extraordinario por afectación al debido proceso y a la tutela procesal efectiva interpuesto por el RENIEC y por Marco Antonio Zevallos Bueno contra la Resolución Nº 756-2012-JNE, que había declarado fundado un recurso presentado por los revocadores, por las consideraciones y argumentos que aparecen en la mencionada resolución.[4]

De otro lado, la Constitución Política en su artículo 178 otorga al JNE la facultad de iniciativa legislativa en materia electoral y, además, ninguna norma le prohíbe reglamentar los procesos de democracia directa para hacerlos más coherentes con el propósito para el que fueron creados. Si bien hay una abundante jurisprudencia de ese organismo sobre la materia, ella no tiene el carácter de obligatoria ni tampoco de orientadora, habiéndose referido principalmente a procesos de revocatoria llevados adelante en pueblos y ciudades pequeñas. No se requiere de mayor perspicacia para apreciar la inmensa diferencia entre un proceso de revocatoria en un pueblo que otro en una ciudad como Lima, de más de 8 millones de personas[5] . Ello pone de manifiesto una falta de interés en el funcionamiento del sistema y un tradicional apego al legalismo, que es una tara tanto en nuestra administración de justicia como en el JNE, pues se olvida el contexto sociopolítico y cultural en el cual los procesos electorales tienen realidad.

8. Los argumentos a favor y en contra

Los revocadores, a través de su cabeza más visible, Marco Tulio Gutiérrez, han afirmado que la alcaldesa debe ofrecer disculpas pues su gestión ha sido mala, con ausencia total de un proyecto para una ciudad como Lima; que hay obras presupuestadas que no las ejecuta; y que en el tema de la reforma del transporte ha continuado con la política del anterior alcalde Luis Castañeda. Estas mal llamadas argumentaciones no tienen sustento alguno, son falsas, pero han sido repetidas continuamente por una prensa contraria a Villarán. Y son afirmaciones gaseosas que ni siquiera cumplen con el mandato del artículo 21 de la Ley 26300, que señala que la solicitud debe ser fundamentada pero no requiere ser probada.

La no divulgación de un plan de gobierno específico al inicio de la gestión de Villarán y una actitud poco inclinada a comunicarse masivamente con la población durante los primeros meses de su gestión[6] , han sido posteriormente superadas pues se trata, a todas luces, de una gestión que se lleva adelante con energía y honestidad, y planteando cambios y reformas que serán de inmensa importancia para el futuro de la ciudad. Villarán está llevando adelante obras de infraestructura física de gran magnitud y tiene otras que serán licitadas en las próximas semanas. Ha encarado como ninguna otra administración anterior la reforma del transporte de la ciudad para superar el caos vehicular y ha conseguido, después de décadas de abandono por parte de las autoridades centrales y municipales, el traslado del mercado mayorista de La Parada, de condiciones insalubres y prácticas mafiosas, al nuevo mercado de Santa Anita, además de muchas otras obras menores de gran sentido humanitario y popular.

9. La reacción de Villarán

Frente al proceso de revocatoria y a la avalancha de críticas, Susana Villarán, dando fe de su conducta democrática, ha reconocido en la revocatoria a un mecanismo democrático, pero ha declarado también que está lista para dar la pelea y seguir trabajando denodadamente para que no se paralicen sus proyectos en Lima. Ha dicho también que no cree que en los corazones de los revocadores exista espíritu democrático y que la ha sorprendido el paso en falso del JNE, pues considera que su resolución definitiva no es sólo injusta sino ilegal (entrevista de Rosa María Palacios, La República, 04.11.2012). Ha agregado que, en este caso concreto, el JNE ha admitido recursos que a otras organizaciones políticas les habría rechazado. Villarán ha recordado que la palabra “revocación” apareció a los tres días de haber recibido sus credenciales como alcaldesa y que ésta es una iniciativa planificada por sus adversarios desde tiempo atrás. Pero como considera que está actuando bien, con rectitud y eficiencia, y que la política no es una cloaca, pide a todos los demócratas, cualquiera sea su tendencia política, que hagan un gran frente por el NO a favor de Lima; un frente pluripartidario, no de derecha, de la izquierda ni del centro, sino un frente de los que aman a Lima (Diario 16, 04.11.2012).

10. Las encuestas recientes

La encuesta realizada en la ciudad de Lima por la empresa DATUM el 3 de noviembre, muestra que el 65% de los encuestados está a favor de la revocatoria, y que únicamente un porcentaje de alrededor del 30% aprueba la gestión. Estos últimos mayoritariamente de los sectores más acomodados. Las cifras de la encuesta de IPSOS-Apoyo publicada el 18.11.2012 ratifican al 65% a favor de la revocación, y aducen como principales razones para ello el que Villarán no haya solucionado el problema de la delincuencia (42%) y en similar porcentaje (39%) por no administrar bien la ciudad y por no estar de acuerdo con sus ideas. Cabe advertir que el tema de la seguridad ciudadana, que viene de antiguo, es responsabilidad primordial del gobierno central; que no se ha dado ninguna razón que demuestre una mala o corrupta administración, y que en el campo de las ideas, la posición liberal de Villarán choca sin duda con el pensamiento conservador y autoritario de amplias capas de la población, algunas vinculadas a la religión. A pesar de que la población considera que los revocadores actúan por intereses económicos particulares (33%) y por ambiciones electorales (32%) ello no da lugar a mayor rechazo. Donde la idiosincrasia de la población de Lima puede mejor apreciarse es cuando responsabiliza a Villarán (61%) de los actos de violencia en La Parada, una responsabilidad que obviamente cae sobre los mayoristas ilegales y los delincuentes que contrataron. Habrá que estudiar si en ello ha tenido influencia las transmisiones de la televisión en directo, pero las causas parecen obedecer a motivos más profundos. Como demostración de lo difícil que será para Villarán superar esa situación de desventaja, tal como aparece en las encuestas a poco más de cuatro meses de la fecha elegida para el acto electoral, es que son los sectores populares mayoritarios donde la propuesta de la revocatoria tiene más amplio apoyo.

Como bien ha puesto de manifiesto Fernando Tuesta (La República, 8.11.12), en el caso que la revocatoria fuera aprobada dará lugar a una confusión que él denomina “ruleta rusa”, pues el resultado de la votación da lugar a distintos escenarios con consecuencias francamente imprevistas, pues dependiendo del número de miembros revocados del Concejo Provincial de Lima, y de quiénes sean éstos, habrán nuevas elecciones por un breve periodo administrativo, que costará tanto como la revocatoria, y ocuparán los cargos de alcalde y regidores un por ahora no identificable número de personas, algunas de ellas, muy probablemente, sin ninguna preparación para ejercerlos.

11. La Lima de hoy

Esas encuestas ponen de manifiesto el sentir de la población de Lima, que en un importante porcentaje vive y trabaja en la informalidad y que se siente indirectamente afectada por el ordenamiento que se quiere llevar adelante. Mayoristas de gran capacidad económica que no pagan tributos, líneas de transporte concedidas como favor político sin racionalidad alguna, miles de taxistas que no quieren formalizarse, todos ellos son elementos que se sienten afectados por las medidas tomadas por el Concejo Provincial de Lima para poder hacer de ésta una ciudad ordenada y moderna.

Los habitantes de la Lima de hoy, formales e informales, viven disociados sin la posibilidad de forjar un consenso que les brinde un soporte emocional que le permita entender cabalmente lo que representa la administración municipal, usualmente visualizada en los medios con el anuncio de grandes inversiones públicas. La carencia de una política de urbanismo ha llevado en la expansión de Lima a la creación de asentamientos humanos que necesitan de una red de servicios muy costosa, imposible de cubrir con los presupuestos vigentes, y que, además, acarrean un enorme desperdicio de tiempo, agua y combustible. Todo ello segrega a la población más pobre y ello se refleja en frustración y violencia (F. Cooper, La República, 18.02.2012). No cabe duda que esta situación se refleja en las encuestas y en las votaciones, más aún cuando al parecer ninguna autoridad edil ha asumido el reto de enfrentar creativamente e integralmente tal situación.

La composición social de la ciudad de Lima es muy variada, y entre su población existen grandes diferencias económicas y culturales, siendo en un alto porcentaje el nivel educativo muy pobre. A ello se suma que el principal medio informativo en los niveles más bajos es la televisión de señal abierta, que no se caracteriza precisamente en el Perú por dar la importancia a temas de interés público o general, sino más bien concentrarse en escándalos, actos delictivos y accidentes de diverso tipo. En síntesis, la población de Lima no es uniforme en ningún sentido, no existe sentimiento de comunidad en amplios sectores y no está acostumbrada a la deliberación meditada de asuntos públicos. El proceso de revocatoria en Lima adolece, en consecuencia, de las características esenciales que la Doctrina y la experiencia exigen para que un proceso de esta naturaleza cumpla con los objetivos para los que fue creado.

12. La perpetuación del engaño

La conducta de los revocadores, su admisión por organismos de origen democrático y su apoyo popular nos llevan a algunas reflexiones. Tal como lo ha hecho Antonio Zapata (La República, 31.10.2012), conviene recordar a Basadre, que en su libro “La multitud, la ciudad y el campo en la historia del Perú” (1929) señala que el Perú es un país desarticulado y poco orgánico y que por ello sus malestares no discurren por caminos institucionales ni sus soluciones son negociadas. Por el contrario, lo habitual es la explosión descontrolada. Las clases apenas se han formado, existe plebe antes que pueblo, porque las organizaciones sociales carecen de sustento. Son cascarones que agrupan a los politizados, pero dejan a las mayorías fuera de todo marco identitario. Se desconocen las plataformas reivindicativas coherentes, conducidas por dirigencias estables. Los tumultos generan líderes que pronto se evaporan. Por ello, las élites carecen de continuidad.

El sociólogo Gonzalo Portocarrero (El Comercio, 16.06.2012) ha recordado que “las actitudes que hoy en el Perú impiden el desarrollo de una cultura democrática, de un orden basado en la igualdad y la vigencia de la ley, son culpabilizar al otro para rebajarlo y, más recientemente, el sentirse víctima de un otro maligno que quiere destruirnos”. Afirma que en el incipiente ciudadano de nuestros días se deja ver la desconfianza del antiguo siervo engañado; que el sentirse víctima es la reacción indignada de la persona que cree que está siendo, otra vez, engañada por los señores, por los curacas o por cualquier autoridad que usará el poder para beneficiarse, utilizando para expresarse un lenguaje de odio y de violencia. Pero advierte Portocarrero que el definirse como víctima tiene un efecto inesperado, pues favorece la perpetuación del engaño y da lugar a que muchos aspiren a seducir y engañar a una población siempre desconfiada, formulando promesas que no podrán cumplir. Cada uno de nosotros puede incluir como personajes de esta historia a políticos recientes, vinculados directa o indirectamente con la revocatoria, tales como Fujimori, Alan García, Castañeda y Villarán, escogiendo la careta que cada uno tiene en este triste baile que parece no tener término.

13. Pragmatismos ¿indecentes?

Fuera del ámbito estricto de los argumentos expuestos a favor y en contra de la revocatoria, se le ha criticado a Villarán el no haber delineado una estrategia política para cumplir con sus objetivos, que no ha alcanzado pactos ni alianzas con los medios de comunicación o con los poderes fácticos para que su imagen y gestión tengan mayor reconocimiento y apoyo. Se dice que si bien no se duda de la idoneidad de sus metas, sí de su capacidad gestora y política, y que ha tenido la torpeza de haber esgrimido el argumento de “luchar contra la corrupción”. Carlos Meléndez (El Comercio, 30.10.2012) ha afirmado que “el fracaso de Villarán sería, también, el fracaso de la (mala) politización de la ética. Ninguna otra gestión elevó la honestidad a la altura de emblema, pero, al hacerlo sin sustento político, la termina deslegitimando. Ello significaría una larga vida para que el ‘que robe pero que haga obra’ y ese sería el legado más nocivo de la gestión regia”.

Posteriormente Meléndez (El Comercio, 20.11.2012) en su columna “Susana tus errores” ha calificado la conducta de la alcaldesa como una estrategia de victimización y polarización ineficaz, y después de advertirle como en un vals de la guardia vieja, que “la vida es cruel”, afirma que necesita para sobrevivir el voto del fujimorista de a pie y del aprista que compra medicamentos en Alfonso Ugarte y que no debería participar en la campaña “No al indulto de Fujimori”. Afirma que su rival real es la crisis de representación que se agudiza en la insatisfacción cotidiana de los ciudadanos y que la revocatoria expresa su bronca por la inseguridad, la delincuencia y una ciudad mal administrada, tal como aparece en la última encuesta de IPSOS-Apoyo antes citada.

Considero a la crítica de Meléndez como una alabanza. Parece no querer reconocer que si bien la conducta de las personas y el manejo de las instituciones se hace en un determinado contexto y realidad sociocultural, el liderazgo auténtico necesita de un norte, de una conducta que aglutine esperanzadoramente. Pues, aunque no lo diga directamente, lo que sugiere Meléndez en su comentario es que Villarán debe ponerse de acuerdo con los personajes, las empresas y los poderes fácticos que nos han inundado de corrupción y de inconsistencia política durante los últimos años, y no sólo en Lima sino en todo el Perú; porque sólo de esta manera podía llevar adelante sus ideas y propuestas concretas. Con lo cual, parece creer Meléndez, para obtener éxito es preciso antes embarrarse. Consecuentemente, debería extenderse ese modus operandi a los padres de familia y a los profesores de todo tipo para que sus afanes se vean cumplidos. Y con ello abriría las puertas para que vuelvan a triunfar los “iluminados”, los “demagogos”, los “tiranos”, es decir, todos aquellos que se creen guardianes de las llaves para alcanzar un mejor, celestial y luminoso destino, para perpetuar el engaño a que hace referencia Portocarrero.

14. Opina Vergara

Alberto Vergara, en su interesante ensayo “Alternancia sin alternativa: ¿un año de Humala o 20 años de un sistema?”, publicado en la revista Argumentos del IEP, julio 2012, se pregunta sobre la política contemporánea en el Perú y considera que entre nosotros se reproduce un macro-arreglo institucional surgido con la Constitución de 1993 que cimenta la forma en que se articulan Estado, sociedad y mercado. Se asombra de la continuidad de ese arreglo en lo económico mediante el fortalecimiento de una capa de tecnócratas y también por una cultura política antideliberativa, que ha traído como consecuencia el fortalecimiento del Poder Ejecutivo. Ello se sustenta en el éxito económico de los últimos años, en una clase política primaria y en el poder de veto de algunas figuras cruciales.

Frente a los posibles escenarios futuros, se encuentra la coincidencia de intereses y visiones entre el humalismo y el fujimorismo, visión contraria a la liberal y a la social demócrata. Pero siendo, según Vergara, el de Humala un gobierno intransigente pero no autoritario, es mejor no arrinconarlo porque el peligro se encuentra en que, con el apoyo del fujimorismo, y con el favor de las FF.AA. ponga punto final al sistema democrático. Cree Vergara que es esquiva la posibilidad de hacer ahora reformas serias y democráticas y que ese continuismo al que ha hecho referencia destruye esa confianza íntima y última que sostiene a la democracia, que es creer que el voto sirve efectivamente para algo. Dice textualmente:

“El país requiere que una fuerza política brinde coherencia a este electorado del cual depende que nuestra democracia prospere. Necesitamos algo que coagule a los pocos liberales y social demócratas. En este momento, las diferencias que los separan son menores que los riesgos que corren. La derecha (al menos la razonable) debe comprender que a mediano plazo no es posible pedalear el modelo económico con las botas militares, que a diferencia de los 90 la economía no se va a sostener en la mera represión. Tiene que entender que, a la larga, todos estamos perdiendo. Y la izquierda (al menos la razonable) debería dejar de atizar la violencia; ni Humala va a caer, ni Marco Arana va a elevarse al altar del poder por la vía de la movilización. El gobierno de Ollanta Humala es uno mediocre, pero en este momento, paradójicamente, su supervivencia es el requisito tanto de la supervivencia de la democracia como de la generación de riqueza”.

Con estas reflexiones, volvemos al significado de la revocatoria a Villarán.

15. Crisis y oportunidad

El proceso de revocatoria en marcha en la ciudad de Lima es en este momento un obstáculo para la administración de la Municipalidad Metropolitana, pues no cabe duda que distraerá su atención a sus ya recargadísimas labores. Surge ahora la necesidad de argumentar frente a la población el por qué se debe votar por el NO cuando lo fácil y usual es votar por el SÍ. Llegando al absurdo, han habido propuestas y sugerencias para que la alcaldesa y sus regidores no puedan defenderse y exponer sus opiniones y logros, haciendo una analogía improcedente con el Art. 150 de la Ley Orgánica de Municipalidades, que prohíbe realizar actividad política partidaria o electoral a los servidores y funcionarios municipales durante los procesos electorales. Esas propuestas resultan siendo profundamente antidemocráticas, contrarias a lo dispuesto en la propia Constitución, a los derechos fundamentales reconocidos y al debido proceso electoral o revocatorio, pues desean que las personas a las cuales se quiere revocar con argumentos gaseosos y sin probanza, no puedan defenderse de los cargos que se les imputa.

Si no se logra revocar a Villarán y a sus regidores, no cabe duda de que terminarán fortalecidos y podrán intentar un segundo mandato, cuyo proceso no será nada fácil ni pacífico. Pero el proceso de revocatoria puede también significar una oportunidad para Susana Villarán desde otra perspectiva[7 ]. No sólo para defender sus buenas obras y su conducta pública, sino también para posicionarse como una alternativa democrática y progresista frente a otros partidos y facciones que no tienen las características que ella puede encarnar, todo ello incluso en la eventualidad de ser revocada. Para conseguirlo, no debe sólo en esta campaña de defensa tratar de asuntos municipales, sino también de materias vinculadas a la política nacional, a la gobernabilidad y al diseño urbanístico de tantas ciudades en crecimiento en el país. Hacerlo de esa manera significaría encarar a muchos medios de comunicación que no la apoyan por intereses creados y divergencias ideológicas, y también poner de relieve que existe una no sorpresiva mudez en otros estamentos gubernamentales dirigidos por personas que son vecinos de Lima, pero que prefieren calladamente aguardar por el resultado para acomodarlo a sus intereses subalternos de corto plazo.

Podrá Villarán conservar un importante apoyo en la ciudad de Lima, y también en el país, si se une a otras fuerzas políticas para ser una alternativa electoral importante en el futuro. Lo podrá lograr si tiene la perspicacia –como la ha tenido hasta ahora- de no liderar la alianza política que su pequeño partido busca concretar con el impresentable Partido Comunista del Perú y con otras fuerzas totalitarias, porque ello representará una carga pesadísima e indefendible en el plano teórico y en el de la realidad latinoamericana, y también frente al imaginario natural de nuestra creciente clase media. Su mensaje, más bien, debería estar encaminado a rescatar algunas de las propuestas de la Social Democracia y poner los cimientos para diseñar nuestro propio Estado del Bienestar, el que por cierto deberá reconocer la eficacia que en muchas áreas brinda el mercado, recordando el fracaso y corrupción que suelen acompañar a las empresas públicas y al burocratismo. Deberá buscar incorporar a nuevos líderes juveniles y a profesionales con experiencia que no se sienten atraídos por la praxis política tal como se lleva a cabo en el Perú de hoy. La lucha por la seguridad, la educación de calidad en todos sus niveles, el rol de los formadores de opinión, una atención en el ámbito de la salud que llegue a todos y una política cultural que consolide y proyecte con contento nuestra identidad multicultural, son tareas que requieren de propuestas novedosas, sostenibles en el tiempo y muy firmes, que nadie parece ahora dispuesto a asumir. Hay, por tanto, mucho camino y horizonte por delante.

NOTAS:

[1] Es un ejemplo de todo ello el reportaje reciente de lo sucedido en el distrito de San Silvestre de Cochán, en Cajamarca (La República, 18.11.2012), con 3,200 pobladores y con tres alcaldes revocados en quince años, cuya principal actividad es la producción de leche. Son los mismos personajes los que llegan al Concejo Municipal y los que revocan, jamás con argumentos claros y contundentes, siempre con animosidad y enemistades de bajo calibre, donde los intereses colectivos parecen desaparecer. ¡Cuántos otros distritos han pasado por igual situación, ante la indiferencia de los principales actores políticos!

[2] Alberto Adrianzén en La Primera del 18.11.2012 ha señalado que “al JNE no le ha importado el irregular proceso de recolección de firmas ni el oscuro financiamiento que éstos han recibido; como tampoco le ha importado al Congreso la participación igualmente oscura y solapada de algunos parlamentarios y partidos durante el proceso”.

[3] En su Editorial del 30.10.2012, el diario La República ha dicho lo siguiente: El JNE resolvió declarar infundado el recurso extraordinario presentado por el RENIEC para invalidar el último lote de firmas presentadas para promover la revocatoria, desperdiciando una valiosa oportunidad para sentar un precedente contra las oscuras maniobras que empañan la democracia. Su decisión lastima la dignidad del sistema electoral y envía un mensaje claro de una democracia defectuosa donde el fin justifica los medios.
El problema se inició cuando un error administrativo y tipográfico de un funcionario del RENIEC consigna la fecha 6 y no el 5 de julio como el plazo límite para la presentación del último lote de firmas. Este error material no puede ser fuente de derecho y un error administrativo no puede enmendar la ley. La resolución final del JNE es farragosa y está débilmente motivada. En ella el JNE ha juzgado al RENIEC en lugar de dilucidar si los revocadores cumplieron con las exigencias de la ley. El JNE parece haber olvidado que no sólo es un organismo que dicta justicia electoral, sino que sus atribuciones también se refieren a la limpieza de los procesos electorales, a la ética de los actores públicos y a la transparencia de los actos que se organizan a propósito de la expresión de la voluntad popular. En ese sentido, es extraño que el JNE haya evitado iniciar una indagación sobre los procedimientos de los que se han valido los revocadores para el recojo de firmas, habiendo pruebas de que habían sido muchas de ellas falsificadas y obtenidas con prebendas. Y en su editorial del 08.11.2012 ha agregado: La decisión del JNE ha legalizado un conjunto de actos irregulares que han viciado el proceso de recojo de firmas para la revocación. Algunos de sus componentes, como Elías Ayvar, así como el presidente del Consejo Nacional de la Magistratura en sus declaraciones han buscado maniatar a las autoridades edilicias de Lima para ejercer su legítimo derecho a evitar la revocación. Así, se pretende una campaña sui-generis, donde las autoridades sometidas al proceso revocatorio asistan en silencio e inmóviles frente a la millonaria campaña de los revocadores.

[4] En síntesis, los argumentos esgrimidos en la parte final del proceso han sido los siguientes. Marco Antonio Zevallos, regidor metropolitano, afirma que la actuación del JNE es inconstitucional, porque la Ley 26300 establece que entre la revisión de un lote y otro de firmas no pueden mediar más de 30 días hábiles. Un error cometido por un funcionario público de segundo nivel no puede modificar lo que la ley dice, “el error no es fuente de derecho”. El JNE ha considerado exactamente lo contrario. Las vulneraciones al debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva han sido vastas en la tramitación que el JNE ha dado a este pedido de revocación, lo que linda en el prevaricato. Por su lado, Fernando Velezmoro, asesor del Pleno del JNE, dice que el promotor de la revocación actuó guiado según la confianza que la comunicación oficial del RENIEC le suministró al proporcionarle una fecha específica, por lo que no puede desconocerse la legitimidad de su accionar. Esta comunicación constituye un acto administrativo, es decir, una declaración de la administración pública destinada a producir efectos jurídicos sobre los derechos y obligaciones del administrado (promotor). Ello es conforme con la Ley del Procedimiento Administrativo General. El RENIEC nunca declaró la invalidez del plazo que otorgó, pues se dieron cuenta de su error después del 6 de julio de 2012. Negar la solicitud de los revocadores no sólo sería ilegal sino también irrazonable e inconstitucional. (El Comercio, 2.11.2012)

[5] Magdalena Chu, Jefa de la Oficina Nacional de Procesos Electorales-ONPE, ha declarado en varias oportunidades que el plazo decidido por el JNE para llevar a cabo la revocatoria es muy corto y que ponen a esa en alto riesgo, pudiendo modificarse la fecha, tal como lo ha puesto también de manifiesto la jurista Greta Minaya (La Primera, 18.11.2012).

[6] Nelson Manrique en La República del 30.10.2012 ha recordado que Susana Villarán logró la alcaldía mediante una votación que no le era propia en su totalidad, y que la creyó endosable, lo que la llevó a participar con su pequeño partido Fuerza Social sin alianzas en las elecciones generales del año 2011, siendo el resultado desastroso, pues tuvo que retirar a su candidato de la contienda, y debió asumir el cargo de alcaldesa sin un partido político con registro vigente y sin respaldo parlamentario. Manrique reconoce que posteriormente Villarán ha mostrado que el coraje y la eficiencia no están reñidos con la ética.

[7] Coincide con ello el historiador Antonio Zapata en su columna de La República del 31.10.2012, al señalar que tiene suerte la alcaldesa porque ha de combatir la revocatoria teniendo como enemigo a una gavilla de delincuentes.

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