¿CUANDO SE JODIÓ EL PERÚ? UNA VARIACIÓN EN CLAVE DE DERECHOS HUMANOS

Publicado: 16 septiembre, 2013 en Infinita tristeza, Mundo enfermo, Zoon Politikon
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Por Luis Pásara
Kenji Fujimori protesta en apoyo a la inocencia de su padre, afuera de una estación policial en Lima, el 6 de abril de 2009. (Foto: infosurhoy.com)

Kenji Fujimori protesta en apoyo a la inocencia de su padre, afuera de una estación policial en Lima, el 6 de abril de 2009. (Foto: infosurhoy.com)

Un artículo reciente de Carlos Basombrío* sostiene que el colapso del régimen de Fujimori abrió “una nueva oportunidad para la paz” a partir de la posibilidad de “discutir y confrontar las consecuencias de la estrategia contrainsurgente del país”. Añade el autor que, en ese momento, “La mayoría de la población cuestionaba el autoritarismo, el autogolpe y las violaciones de derechos humanos. En suma, se generó una demanda para repensar lo que había ocurrido y qué podía aprender el país de tal experiencia.” Basombrío no se apoya en sondeos de opinión pero, al revisar los realizados entonces por APOYO+, se comprueba que, en efecto, en julio de 2001 –el mes siguiente al de la creación de la Comisión de la Verdad (CVR)– casi cuatro de cada cinco entrevistados (78%) consideraba al ex presidente “culpable de haber autorizado los crímenes de Barrios Altos y la Cantuta”.

En agosto de 2013, 50% de entrevistados en ciudades de todo el país estaba en desacuerdo con la decisión del presidente Humala de negar el indulto a Fujimori. Pese a que otro 47% estaba de acuerdo, la oportunidad a la que se referió Basombrío había desaparecido: la opinión del país ya estaba dividida en mitades. De ser algo menos de la quinta parte, a lo largo de los trece años transcurridos desde que Fujimori fugó del país, la postura que veía con buenos ojos la gestión del ex presidente ha crecido hasta constituir una de esas mitades y se empinaba algo más –hasta 56%– a favor de la posibilidad de que el condenado cumpla la pena en su casa. Más aún, en julio de 2013 el fujimorismo podía considerarse relativamente exitoso, como el partido o sector político del que los encuestados declararon sentirse más cerca (17%).

La pregunta obsesiva se renueva: esta vez, ¿cuándo se jodió el Perú? ¿Cómo se produjo esta (otra) oportunidad perdida? ¿De qué manera la derecha bruta y achorada –siendo minoritaria, como es– ha logrado hacerle creer a un sector importante de peruanos que aquella red de crimen organizado, montada desde el gobierno, era necesaria para acabar con la subversión y abrir paso al crecimiento económico?

No es que sea fácil hallar las respuestas pero vale la pena elaborar la pregunta y descartar alguna contestación fácil. Por ejemplo, la que responsabiliza a los medios de comunicación por esta creencia en expansión de que los hechos criminales –masacres y asesinatos selectivos, la corrupción institucionalizada–, junto al control y el envilecimiento de los medios de comunicación, eran tal vez lamentables pero constituyeron el necesario precio a pagar a cambio de derrotar a la subversión. Sin duda, una buena parte de los medios han jugado un papel deshonorable en esta guerra ideológica a la que dio lugar “el fenómeno Fujimori”. Pero, como hemos aprendido en las campañas electorales de las últimas décadas, los medios no tienen capacidad para hacer que la gente común y corriente crea cualquier cosa. Tiene que haber en este asunto algo más profundo.

El asunto de fondo es, en efecto, una guerra ideológica, que se libra en torno a una interpretación de lo ocurrido. Que, a lo largo de los once años transcurridos desde la captura de Abimael Guzmán, en ocasiones ha aparecido como algo casi más importante que el enfrentamiento armado entre insurgentes y fuerzas de seguridad. Derrotada la subversión, se trata de establecer qué pasó y quiénes fueron responsables de qué. Para responder esas preguntas, el informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación, entregado en enero de 2002, pudo ser considerado muy importante. A la luz de diversos hechos en curso, esa importancia luce menos obvia cuando se mira más allá del círculo social para el cual los derechos humanos importan verdaderamente.

Diferencias en opiniones y pareceres

Algunas de las encuestas aplicadas en los últimos diez años constataron la existencia de una opinión clara acerca de la culpabilidad de Fujimori. Así, dos encuestas, aplicadas en todo el país en agosto de 2003 y abril de 2004, encontraron que la mitad de los entrevistados (49 y 50%, respectivamente) consideraban a Fujimori como “autor intelectual de los crímenes de La Cantuta y Barrios Altos”. En marzo de 2008, sólo 6% de los encuestados consideraba al ex presidente “completamente inocente” de las acciones del Grupo Colina. Otros dos sondeos de nivel nacional, efectuados en enero de 2009 y enero de 2010, revelaron cierto incremento en la percepción social de culpabilidad del ex presidente por “haber autorizado los crímenes de Barrios Altos y la Cantuta”: 60 y 61% de los entrevistados, respectivamente. Sin embargo, cuando se examina la evolución de las respuestas, aparece cierta evolución.

Hasta antes de la condena judicial (en abril de 2009), las encuestas muestran una creciente percepción social de la culpabilidad de Fujimori. En cuanto a actos de corrupción, en enero de 2007 la mayoría de los entrevistados (59%) pensaban que el ex presidente “estaba al tanto y lo permitía”, al tiempo que 21% lo disculpaban al escoger la opción “estaba al tanto pero no podía hacer nada” y 13% recurrían al exculpatorio “ignoraba lo que pasaba”. En suma, sólo uno de cada tres encuestados (34%) tenía una excusa para el procesado. La percepción en torno al enriquecimiento ilícito también evolucionó en contra del procesado: el veredicto “culpable” pasó de 59% en agosto de 2003 a 74% en enero de 2007.

En enero de 2009, más de la mitad de quienes respondieron la pregunta (48% del total entrevistado), en una encuesta de nivel nacional, consideraban que la sentencia que habría de recibir el ex presidente semanas después, sería justa. Dos meses después, justo antes de la condena, siete de cada diez entrevistados en todo el país esperaban que esa sentencia fuera de culpabilidad, aunque sólo tres esperaban que fuera de “muchos años” y cuatro, de “pocos años”. Pero en enero de 2010, cuando la Corte Suprema ratificó la condena del reo a 25 años de cárcel por los crímenes de La Cantuta y Barrios Altos, sólo 52% de los encuestados manifestó acuerdo, mientras el desacuerdo había crecido hasta 40%. Ya en enero de 2013, apenas 43% creía que Fujimori debía cumplir su condena completa. Parecería que, una vez condenado, la condescendencia social hacia el ex presidente se hubiera extendido. Tanto la doble inflexión, antes y después de la condena, como el creciente nivel de la respuesta “inocente” –que casi se duplicó durante la década anterior– aparecen en el gráfico 1.

Cuando se examina las respuestas según estratos socio-económicos (que las encuestadoras clasifican en cinco grupos, desde A hasta E), se añaden algunas sorpresas. Así, en la encuesta de nivel nacional llevada a cabo en enero de 2010, el nivel de acuerdo, ligeramente mayoritario (52%), con la ratificación de la condena de Fujimori por la Corte Suprema se distribuyó socialmente de manera bastante desigual: por encima del promedio en los estratos más altos: A (55%), B (68%) y C (54%); por debajo del promedio en los estratos D (48%) y E (38%). Entre los más pobres, pues, el respaldo a la condena era menor. Paralelamente, la opción favorable a que el condenado cumpla su pena completa obtuvo el nivel más bajo en los estratos A y E, ambos con 38%, mientras que la respuesta más alta correspondió al estrato B (52%) y los otros estratos se situaron entre uno y otro extremo: C, 44%; D, 40%. Interesaría saber por qué en el estrato B se encontró un mayor nivel de acuerdo con la sanción judicial a Fujimori.

El país se ha ido deslizando a un escenario de cierta tolerancia comprensiva con los delitos cometidos por el fujimorato y de alguna benevolencia para con sus actores

¿Se ha perdido unas batallas o se está perdiendo la guerra?

Quienes estudian los procesos post conflicto sostienen que, concluidos los enfrentamientos armados –fase que en el caso peruano no puede darse por rigurosamente cerrada–, empieza una lucha por la versión del conflicto que pasará a la historia. Entre 2003 y 2007, la versión oficial de la CVR parecía haber calado en la opinión pública. Entre los “principales violadores de derechos humanos”, Sendero Luminoso encabezó invariablemente la lista: 52% en junio de 2003 y 70% en enero de 2007. Lo seguía el MRTA y en tercer lugar aparecía “el gobierno de Alberto Fujimori”, que en enero de 2007, con 40% de respuestas afirmativas, había superado claramente en tal deshonor al presidido por Alan García. En esa misma fecha, también en concordancia con el informe de la CVR, dos de cada tres entrevistados (63%) pensaban que “las violaciones de derechos humanos fueron parte de una política sistemática”.

Las cosas parecen ser menos claras hoy, a diez años de la entrega del informe de la CVR. Es cierto que el fujimorismo ha perdido este año dos batallas importantes: el indulto del reo (fracasado pese a contar con el apoyo estentóreo del cardenal Cipriani) y la instalación en el Tribunal Constitucional de un defensor de violadores de derechos humanos. La movilización de grupos sociales activos ha sido decisiva en esas dos batallas. Pero el peso relativo del fujimorismo en el país es bastante alto.

Parecería que en el Perú ha ocurrido un proceso inverso al de Chile. Pese a la derrota de la dictadura en las urnas en 1988, durante años pervivió la interpretación de que el éxito económico chileno se debía a la “puesta en orden” que Augusto Pinochet llevó a cabo en el país. “Lamentable pero necesario” fue, también en ese caso, la versión benevolente que pretendió justificar la represión y los muertos a cambio del crecimiento de la economía. Con el tiempo, esa “interpretación aceptada” de los hechos ha perdido fuerza, en buena medida debido a la presión internacional que hizo posible encausar al dictador y sancionar a algunos de sus colaboradores. A cuarenta años del golpe militar, en septiembre de 2013, una encuesta del CERC encontró que tres de cada cuatro chilenos (76%) consideraba a Pinochet como “un dictador” –diez puntos más que en 2006– y sólo 9% lo situaba como “uno de los mejores gobernantes del siglo XX”, esto es, la mitad del apoyo que tuvo en 2006 y un tercio del manifestado en 1996, cuando llegó a 27%. Ese cambio en la opinión pública y el proceso de restablecimiento de la democracia en Chile ha hecho muy difícil que hoy se encuentre a alguien que justifique públicamente a la dictadura y, menos aún, que haga de su defensa el eje de su discurso político.

El Perú parece seguir el camino contrario. De un nivel claramente mayoritario de desaprobación de aquello que se percibió, acertadamente, como políticas gubernamentales de violación de derechos humanos y de enriquecimiento ilícito, el país se ha ido deslizando a un escenario de cierta tolerancia comprensiva con los delitos cometidos por el fujimorato y de alguna benevolencia para con sus actores. Ese clima hizo posible que, hace dos años, Keiko Fujimori obtuviera el respaldo de casi la mitad del electorado al tiempo que levantaba como bandera la acción del gobierno de su padre –sin un solo matiz pero con el célebre alegato de Jorge Trelles: “nosotros matamos menos”– y proponía librarlo de la prisión.

Detrás de esa propuesta hay que contar el nivel de desacuerdo social con la ratificación de la condena al ex presidente (40% en enero de 2010), el apoyo manifestado a un posible indulto (41% en abril de 2013) y, recientemente, el acuerdo entre sectores políticos que sumaron mayoría en el Congreso para que gentes de confianza de la dictadura ocuparan asientos en el Tribunal Constitucional. A todo esto, hay que sumar el hecho gravísimo del escaso número de condenados por violaciones de derechos humanos, debido al desempeño jurisdiccional de la Sala Penal Nacional, reiteradamente complaciente con los acusados de horrores durante la lucha antisubversiva. Más aún, el estilo fujimorista de gobernar permanece vivo (ver recuadro).

La oportunidad de repensar lo ocurrido durante el conflicto armado para aprender de esa dolorosa experiencia no figura hoy en la agenda pública. Específicamente, el examen de las encuestas revela que en los sectores socio-económicos más bajos la tolerancia con los crímenes de la dictadura es mayor. Las organizaciones de derechos humanos deberían tomar nota de estos datos y preguntarse si los malos síntomas acerca de la vigencia social y política del fujimorismo sugieren que se ha perdido algunas batallas importantes o, a estas alturas, nos notifican que se está perdiendo una guerra.

La herencia está viva

En pocas semanas, el episodio de la repartija en el Congreso –a la que concurrieron tanto outsiders como partidos tradicionales– y la revelación de los audios del almuerzo en el Palacio de Justicia nos han demostrado que el estilo fujimorista no concluyó cuando el ex presidente fugó del país. Acaso se desaprovechó las oportunidades que entonces se abrieron. Un par de ejemplos pueden ser útiles. El gobierno de transición no tuvo la perspectiva o el coraje necesarios para pasar al retiro a los 400 oficiales firmantes del pacto de sumisión; algunos de esos individuos aún hoy ocupan cargos de responsabilidad desde los cuales se esfuerzan en mantener los privilegios de una casta. Los programas escolares no fueron oportunamente modificados para enseñar masivamente derechos humanos, no a partir de abstracciones normativas sino desde la experiencia dolorosamente reciente en la historia nacional.

El hecho es que, doce años después, la manera de gobernar no ha cambiado. Las autoridades manejan el Estado no para servir al país sino para servir a quienes gobiernan. Se regenta las instituciones desde la omnipotencia que desprecia normas y procedimientos, pasando por encima de las reglas y también de los principios. Y eso, en el fondo, al ciudadano no lo sorprende –porque ésa es la experiencia política que ha vivido casi siempre– ni le disgusta demasiado si a cambio se le ofrece, por ejemplo, eficacia. El fin justifica los medios, como se acostumbra repetir. Acaso eso explique que, en agosto de 2013, sólo una tercera parte (35%) de los entrevistados por IPSOS Perú en una encuesta nacional urbana consideraran que el almuerzo ofrecido por César San Martín, como presidente de la Corte Suprema, constituyera “una interferencia” con la justicia.

A esa filosofía política, el fujimorato aportó los “sico-sociales”, que ciertamente están vivos. Para el caso de los audios del Palacio de Justicia se ha desplegado uno –exitoso gracias a la docilidad irreflexiva de la mayor parte del periodismo–, consistente en la identificación entre el Estado y el país. En la discusión, la conducta ilegal del Estado –y el interés del gobierno, tanto el de Fujimori como el de Humala– se ha transformado en el interés nacional. A los funcionarios les ha bastado reemplazar “Estado” por “Perú” en cualquier declaración o entrevista. De modo que quien está sujeto a un proceso en la Corte Interamericana no es el Estado peruano sino el Perú. “Coordinar” la defensa del Estado convocando al juez que la ley quiere independiente –para “unificar criterios” indebidamente– equivale a defender a la patria. Y en alguna entrevista de televisión se ha llegado a preguntar si quien presenta una denuncia ante el sistema interamericano no es un traidor.

De ese estado de cosas penoso somos responsables todos, incluyéndonos quienes vivimos fuera y probablemente no hemos contribuido suficientemente a hacer del Perú un país mejor. Todos los peruanos hemos participado –en diferentes niveles y formas, claro– en el envilecido juego del poder, aceptando sus reglas. Nos hemos resignado a que “el Perú es así, pues”.

En ese cuadro, las organizaciones de derechos humanos tienen una responsabilidad especial, que les corresponde sin que con ello se pretenda rebajar en lo más mínimo la que incumbe a cada ciudadano. La responsabilidad especial proviene, ante todo, de su misión institucional; ellas se definen como defensoras en un ámbito –el de los derechos humanos– que en el país aparece débil y descuidado por gobiernos y ciudadanos. En consecuencia, sobre las organizaciones de derechos humanos recae una responsabilidad ensanchada, si cabe.

¿Su desempeño está a la altura de ese cometido? Quienes trabajan profesionalmente en ellas, como una vocación pero también como un modo de vida, deben responder la pregunta. (L.P.)

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* “Peace in Peru, but Unresolved Tasks”, en: Cynthia J. Arnson (editora), In the Wake of War. Democratization and Internal Armed Conflict in Latin America, Washington D.C.: Woodrow Wilson Center Press, Stanford: Stanford University Press, 2012, pp. 215-238.
+ La información proveniente de sondeos de opinión que se incluye en este texto proviene de IPSOS, la mayor empresa encuestadora en el mercado peruano, que sucedió a APOYO, pionera en este campo. Las encuestas citadas corresponden al ámbito de Lima, salvo indicación en sentido distinto.

Fuente: Revista ideele

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